Cuando algunos sectores de nuestra universidad plantean un nuevo trato con el Estado, esto apunta principalmente a la idea de que el Estado debe retomar su rol responsable respecto a la educación y esto no viene de la nada. Cualquier estudiante de la Universidad de Chile en su diario vivir sabe que las cosas no van bien: problemas de infraestructura y equipamiento, deficiencia en la calidad docente y mallas curriculares, pérdida del sentido público en la investigación y extensión que se realiza, considerando que estas en gran medida han quedado en manos de las demandas del sector privado, quienes han invertido recursos en dichas áreas.
Muchas de nuestras facultades viven en un estado de precarización que ya no tiene punto de soporte:
El campus Juan Gómez Millas vive un proceso de pretendida 'revitalización' de sus disciplinas. El Estado entregará recursos, a través de un "convenio de desempeño", a cambio de que las facultades inviertan recursos que no tienen (y se sigan endeudando), además de una reestructuración que no satisface a los estudiantes, funcionarios y a un sector de académicos.
INAP es otro de los 'emblemas' de la precarización de la U: hace años arrastra graves problemas de infraestructura y una crisis académica basada en conflictos internos de poder y a nivel disciplinario, que no le han permitido desarrollar un proyecto académico que entregue conocimiento útil para la sociedad en la esfera pública
El escándalo de la FAU durante el 2007. Un MECESUP que puso en duda
la transparencia de su ejecución, llevó a plantearse un claustro para evaluar la actual situación de precarización y la obtención de soluciones que la ayuden a salir de esta.
El ITPUCH. En una primera instancia intentó ser un buen negocio y terminó estrepitosamente el año pasado con estudiantes movilizándose ante su inminente cierre.
La actual administración a nivel central de las principales facultades: FEN, Derecho, Medicina, Ingeniería, las cuales presentan elevados aranceles que sólo un pequeño sector de nuestra sociedad puede pagar.
Sabemos que muchas personas quedan excluidas de ingresar a la educación superior debido a las injustas condiciones que caracterizan el actual modelo educacional. Muchos de los que ingresan, no cuentan con los recursos para mantenerse en la universidad: conocidos son los casos de compañeros que no tienen los recursos suficientes para costear sus carreras y terminan transformándose en morosos traspasados a DICOM.
Son experiencias que vivimos a diario en nuestra institución y es la realidad que viven muchas universidades de nuestro país, en un constante desamparo del Estado. No son fenómenos aislados sino parte ineludible de un mismo sistema educacional, el mismo que ha quedado establecido en la nueva Ley General de Educación, maquillado de otra forma para esconder el mismo fondo. Diseñado para funcionar con una lógica cada día más incompatible con el carácter de las universidades como la nuestra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario